Las y los educadores puertorriqueños votarán sobre el futuro de sus pensiones - English version here.

 

Este verano la Federación Estadounidense de Maestros (AFT) anunció otro pésimo acuerdo que, en caso de aprobarse, diezmará las ya abismalmente bajas pensiones de los educadores en Puerto Rico. La AFT se está asociando en secreto con la Junta de Supervisión y Administración Financiera, designada por el gobierno federal y dictatorial, o la junta, como se la conoce en Puerto Rico, desde hace bastante tiempo. Como sindicato, la AFT debería estar enfrentándose a la junta y rechazando la lógica del neoliberalismo que hará que los trabajadores paguen la deuda ilegal e ilegítima de Puerto Rico. Desafortunadamente, la AFT decidió trabajar con la junta y negociar con los derechos de los trabajadores al servicio de sus propios intereses estrechos como un sindicato colonial en Puerto Rico.

 

Hace dos años, las y los educadores puertorriqueños rechazaron un acuerdo similar como resultado de una dura pelea con la campaña de “Vote No” llevada adelante por los miembros de base, los jubilados y sus aliados. Es probable que esta propuesta que es ampliamente rechazada vuelva a ser derrotada ahora, pero los educadores y jubilados puertorriqueños necesitan solidaridad. A diferencia de la última elección en la que hubo observadores externos apostados para garantizar que las elecciones se lleven a cabo de manera justa y sin interferencias, esta vez las elecciones estarán totalmente controladas por la AFT/AMPR y no se permitirán observadores en los lugares de votación. Las y los educadores en los Estados Unidos que son miembros de la AFT necesitan saber lo que el sindicato está haciendo en nuestro nombre para que podamos alzar nuestras voces en su contra. La votación sobre este acuerdo se llevará a cabo del 23 al 27 de septiembre. Nosotros en los Estados Unidos podemos construir solidaridad con el movimiento para defender los derechos y pensiones de las y los educadores en Puerto Rico y alzar la voz en contra de la participación de la AFT en la entrega de los derechos de los educadores en Puerto Rico.

 

Mitos y realidades sobre la participación de la Federación Estadounidense de Maestros (AFT) en el proceso de quiebra de Puerto Rico:

 

Mito # 1: La AFT está luchando para defender los derechos de las y los educadores en Puerto Rico.

 

Según el presidente de la AFT, Randi Weingarten, la AFT y su afiliada local en Puerto Rico, la Asociación de Maestros de Puerto Rico (AMPR), están negociando para defender los derechos de las y los trabajadores y la educación pública en Puerto Rico. Pero el acuerdo que propone la AFT/AMPR cambiará el contrato actual de las y los trabajadores de la educación para peor, no para mejor. Si se aprueba, el acuerdo aumentará la edad jubilatoria de 55 a 63 años, reducirá significativamente los salarios de jubilación de los educadores y eliminará las pensiones de las y los educadores presentes y futuros al convertirlos en 401(k)s. Como dijo Mercedes Martínez, presidenta de la Federación de Maestros de Puerto Rico en el momento del intento de la AFT de cambiar el contrato en 2019, “¿Qué tipo de negociación hay cuando el llamado sindicato acepta la eliminación y socavación de derechos existentes de las y los maestros? No es una negociación, es una traición”.

 

Mito # 2: La AFT no tiene otra opción que tratar con la junta.

 

La junta es una entidad antidemocrática que no rinde cuentas y que trabaja en beneficio de los buitres capitalistas que cargaron a Puerto Rico con una deuda ilegal que nunca podrá pagar. La junta es similar al Fondo Monetario Internacional. Sirve a los intereses de las grandes empresas al hacer que las y los trabajadores puertorriqueños paguen una deuda de la que no son responsables, mediante medidas de austeridad que los condenarán a décadas de miseria. Los educadores no tienen un contrato laboral con la junta, tienen un contrato con el gobierno de Puerto Rico, específicamente con el Departamento de Educación. Los sindicatos en PR no tienen la obligación de tratar o negociar con la junta, y algunos sindicatos se han negado a hacerlo en base a principios democráticos. Como representante exclusivo actualmente reconocido de las y los educadores en PR, la AFT/AMPR no tiene la obligación de negociar con la junta. Eligieron hacerlo.

 

Mito # 3: La AFT tiene la obligación moral de negociar las pensiones de los educadores con la junta.

 

El gobierno de Puerto Rico tiene un contrato legalmente vinculante con las y los educadores de Puerto Rico. Este contrato incluye planes de pensiones que formaban parte de las condiciones de empleo de las y los trabajadores. Cuando el gobierno de Puerto Rico firmó estos contratos, asumió compromisos económicos y sociales con sus empleados. Estos compromisos impactan la vida de cientos de miles de personas. Nadie, y en especial un sindicato que supuestamente representa los mejores intereses de sus trabajadores, debería ir a espaldas de sus miembros y circunvalar al gobierno de Puerto Rico para socavar este compromiso. Si la AFT tiene alguna obligación moral, ésta debería ser honrar y defender las pensiones del sector público frente a una severa crisis económica.

 

Mito # 3: La AFT está involucrada en negociaciones de buena fe con la junta.

 

Cuando las organizaciones de trabajadores entablan negociaciones con sus jefes para obtener mejores salarios y condiciones laborales, negocian sus contratos y condiciones de empleo. Tienen el poder de hacer esto porque los trabajadores se han unido para hacer valer colectivamente su voluntad sobre los empleadores. Cuando la AFT/AMPR opta por negociar con la junta en secreto y sin ningún mecanismo de rendición de cuentas, socavan el poder colectivo de los trabajadores, así como los contratos y compromisos pactados por el sindicato y el gobierno de Puerto Rico. Al intentar aprobar un acuerdo con la junta que es tan malo para los trabajadores, la AFT/AMPR da legitimidad tácita a una institución y una deuda a la que debería oponerse un movimiento obrero combativo. Al acordar un plan con la junta que empujará a los trabajadores a una pobreza más profunda en Puerto Rico, la AFT/AMPR se está asociando con la organización antidemocrática cuyo propósito es aplastar el movimiento obrero en Puerto Rico. Como una organización con sede en Estados Unidos involucrada en estas prácticas, la AFT está participando en el sometimiento colonial de los educadores de Puerto Rico a la voluntad de la junta.

 

Mito # 4 Este acuerdo defiende los intereses de las y los educadores y jubilados en Puerto Rico.

 

Si se aprueba, este acuerdo entregará las pensiones a cambio de un “pago de reconocimiento” de $3,000, que se distribuirá a cada miembro del sindicato “con el propósito de reconocer el servicio sobresaliente de los maestros de Puerto Rico y su importancia para el futuro de Puerto Rico y reconociendo los desafíos derivados de la congelación de las [pensiones] de los docentes ”. El lenguaje del acuerdo en sí mismo reconoce que la congelación de las pensiones de los educadores causará dificultades a los educadores de Puerto Rico, que ya son extremadamente mal pagados. En pocas palabras, la AFT está de acuerdo en liquidar las pensiones de los educadores para pagar deudas ilegítimas, a cambio de $3,000 por miembro. Este soborno no es lo mejor para los educadores o sus familias, por decirlo suavemente. Pero sí sirve a los intereses de los capitalistas buitre y sus aliados en Washington y San Juan. En el proceso, la AFT se está posicionando como un “socio viable” para la junta con la esperanza de mantener su lucrativa posición como representante exclusivo de las y los educadores puertorriqueños. Mientras este acuerdo empobrecerá aún más a las y los educadores puertorriqueños, llenará los bolsillos de la AFT/AMPR con pagos de cuotas y subsidios gubernamentales garantizados, en forma de pagos al sistema de salud del sindicato por todos sus miembros.

 

Mito # 5: No hay alternativa a los recortes de pensiones del sector público en PR.

 

Según la lógica del neoliberalismo, no hay alternativa a recortar las pensiones de las y los educadores en Puerto Rico. El sindicalismo empresarial de la AFT/AMPR acepta esta lógica y busca gestionarla, negociarla y vender los resultados como el mal menor. Pero hay una alternativa. La alternativa es el sindicalismo de lucha de clases: las y los educadores y los trabajadores del sector público han estado luchando durante años para defender sus pensiones, y han tenido éxito. Bajo la presión de la opinión popular, que apoya el mantenimiento de las pensiones del sector público, y la lucha sostenida en las calles, la legislatura puertorriqueña y el gobernador conservador Pedro Pierluisi aprobaron en junio una legislación que protege las pensiones. La Ley 7, Ley para un Retiro Digno, fue desarrollada y promovida por una coalición de sindicatos independientes y locales, así como por grupos y coaliciones que se están organizando para cancelar la deuda. El acuerdo anunciado por la AFT con la junta socava este esfuerzo, justo en un momento en que la junta está tratando de desecharlo. Esto ha creado una situación en la que la AFT/AMPT está actuando para socavar directamente las victorias duramente ganadas de los movimientos laborales y sociales en Puerto Rico y, por extensión, la autonomía y autodeterminación del propio país. El levantamiento puertorriqueño de 2019, conocido como “el verano combativo”, que derribó la gobernación de Ricardo Roselló recordó al mundo el lema de que “Cuando peleamos, podemos ganar”. Ahora tenemos que recordarle esto a la AFT.